Juicio a la impunidad

 

Si bien los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York están más interesados en defender la ley que en las engorrosas cuestiones políticas y económicas planteadas por el conflicto entre el gobierno argentino y los “fondos buitre”, no pueden negarse a tomarlas en cuenta. Al fin y al cabo, el principio resumido por el viejo lema “hágase justicia y perezca el mundo” no rige en ninguna parte. Antes de la audiencia más reciente que se celebró en Nueva York, los encargados de defender la postura oficial suponían que resultaría decisivo el apoyo tácito que les brindarían los gobiernos de Estados Unidos y los países de la Unión Europea que, por sus propias razones, no querían ver complicada aún más la reestructuración de deudas soberanas excesivas, pero parecería que en opinión de los magistrados neoyorquinos es escaso el riesgo así supuesto porque los griegos, españoles y otros, aleccionados por las secuelas de nuestro default, tomaron la precaución de insistir en que, de resultar necesario un canje, una minoría reducida de bonistas no podría exigir un trato diferente del aceptado por todos los demás.

Pues bien, en el fondo el dilema ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y quienes están intentando formular reglas claras para los a veces anárquicos mercados financieros internacionales, es relativamente sencillo: ¿sería peor permitir que un país, en este caso la Argentina, se salga con la suya a costillas de los inversores, aun cuando se trate de especuladores, de lo que sería correr el riesgo de que un default “técnico” tuviera repercusiones negativas inmediatas en Europa? Asimismo, mientras que en el 2002 parecía evidente que el país no estaba en condiciones de continuar pagando a los acreedores y que cualquier esfuerzo por hacerlo tendría consecuencias sociales y económicas catastróficas que, desde luego, reducirían todavía más su capacidad de pago, a partir de aquellos días tan traumáticos la Argentina ha disfrutado de una “década ganada” en la que, según las estadísticas oficiales, durante años el producto bruto creció a tasas chinas. Como resultado, se ha difundido la impresión de que el gobierno kirchnerista, a pesar de contar con los recursos necesarios para honrar sus obligaciones para con los acreedores –los que, claro está, incluyen a muchos argentinos–, ha optado por repudiarlas, de ahí la negativa a prestar atención alguna a los fallos del Ciadi (el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial. Por motivos nada misteriosos, con escasas excepciones los gobiernos extranjeros entienden que no les convendría en absoluto que un país tan importante como la Argentina se creyera facultado para violar las reglas con impunidad.

Que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se haya acostumbrado a subordinar todo a sus propios intereses políticos nunca ha sido un secreto. La estrategia así supuesta ha sido respaldada por una proporción significante de la ciudadanía local, si bien últimamente sectores cada vez mayores han comenzado a protestar contra el abuso del poder por parte de un gobierno cuyas aspiraciones parecen carecer de límites, pero en el exterior las actitudes son mucho menos permisivas. Será por eso que Cristina ha elegido acercarse aún más a Venezuela y pactar con Irán, países gobernados por personas que comparten el desprecio que siente por las reglas, tanto las formales como las informales, de la llamada “comunidad internacional”.

Cuando se preparaba para gobernar, Cristina dio a entender que, lo mismo que su marido, quería que la Argentina volviera a ser un “país normal”, pero muy pronto se dio cuenta de que dicha alternativa sería incompatible con el estilo autocrático que es tan típico de los gobernantes de provincias como Santa Cruz –y La Rioja– y, por lo tanto, con su propio “proyecto”. Aunque por razones que podrían calificarse de pragmáticas, hasta ahora los líderes de los países desarrollados se han resistido a reaccionar frente a las transgresiones constantes del gobierno kirchnerista, los ha alarmado la aproximación de Cristina al peligrosísimo régimen teocrático de Irán, un giro que los ha hecho menos dispuestos que antes a presionar a los jueces de Nueva York para que traten con benevolencia a la Argentina en la disputa con aquellos molestos “fondos buitre”.

 

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